BONGOBUNDOS

El Informe 301

PIRATERÍA EN LA RED 

Vilipendiado por unos, temido por otros, malentendido por muchos, el Informe 301 (“Special 301” Report) es un documento informativo, redactado anualmente por la USTR (Office of the United States Trade Representative, una especie de Secretaría de Estado de Comercio Exterior). En este documento se evalúa la protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual (estadounidenses) en el mundo, e incluye un listado de países que, según explica, sufren “serias deficiencias” en este tema.

El listado es utilizado por los Estados Unidos como modo de presionar a gobiernos extranjeros, para que adopten leyes de copyright más estrictas y emprendan un papel más activo en la lucha contra el incumplimiento de las leyes de propiedad intelectual. Asimismo, los Estados Unidos se arrogan la posibilidad de iniciar acciones unilaterales, como sanciones o represalias, contra aquellos países que consideran como una amenaza para sus intereses comerciales, en base a este informe.

En 2009, España aparece en el watchlist del Informe 301, un listado de países bajo vigilancia norteamericana, donde se explicita que “Estados Unidos insta enérgicamente a que el gobierno español adopte medidas rápidas y significativas para abordar el grave problema de la piratería en Internet”.

La piratería, tal y como se entiende en este contexto, es decir, el intercambio de material digital protegido por derechos de autor, ha supuesto en España una reducción estimada de hasta el 65% en las ventas de las discográficas. Se contemplan dos formas diferenciadas de piratería, según exista o no un ánimo de lucro en el intercambio. Cuando se vende una copia de un CD, se comete un delito; la copia y distribución de material protegido por las leyes de propiedad intelectual, con ánimo de lucro, supone un delito tipificado, contra el que España ya ha iniciado campañas, no sólo legales y policiales, sino informativas y de concienciación social.

No obstante, determinados aspectos culturales inherentes a la sociedad española, favorecen una forma de piratería no tipificada, que implica el intercambio, sin ánimo de lucro, de material protegido. Esta forma “benigna” de piratería resulta, por volumen, particularmente importante en nuestro país.

En España existen numerosas páginas web dedicadas a poner en contacto a múltiples usuarios, de manera que puedan intercambiar archivos digitales. Son las denominadas redes P2P (peer-to-peer, o redes de pares). A través de estas redes los usuarios intercambian todo tipo de material digital, música, películas, documentos, libros, tratándose, en algunos casos, de material protegido por derechos de autor.

Las propias redes se demuestran inmunes a los ataques legales. Las actuales webs P2P no almacenan ningún tipo de material sino que sirven, únicamente, de medio de contacto entre usuarios. Por este motivo, las demandas legales de grandes multinacionales han visto truncados sus intentos de cerrar estas páginas en España, y ya son muchos los casos de redes P2P que han sido absueltas de todo cargo, a pesar de haberse enfrentado a la gran industria del cine (Columbia, Walt Disney, la Twentieth, Warner, Universal, Lauren Films, Manga Films o Paramount, entre otros). [Enlaces con resoluciones de casos, caso Sharemula]

Estados Unidos encuentra inadmisible que un juez pueda desestimar demandas de este tipo. La IIPA (Alianza Internacional por la Propiedad Intelectual, un consorcio de multinacionales americanas) emite cada año un informe con recomendaciones específicas y exhaustivas sobre qué hacer en aquellos países que, a su entender, son contrarios a los intereses de copyright estadounidenses. El documento de la IIPA declara su intención de influir en la redacción final del Informe 301, y ciertamente, muchas de sus recomendaciones aparecen plasmadas en el documento gubernamental final.

En 2010, el informe de la IIPA sugiere que Estados Unidos debería promover y financiar cursos de capacitación dirigidos a fiscales y jueces españoles sobre el derecho de propiedad intelectual. El Informe 301 resulta menos agresivo, aunque incide en los mismos puntos. “En 2010 se mantiene a España en la Lista de Vigilancia”, explicita el Infome 301. “Estados Unidos sigue preocupada por la significativa piratería a través de Internet que tiene lugar en España. El gobierno español no ha corregido la Circular [1/2006] del Fiscal General del Estado, que parece despenalizar el intercambio de ficheros digitales a través de redes P2P, contribuyendo a generar una percepción pública errónea de que esta actividad es legal. (…) El sistema legal español no consigue penalizar, en la mayor parte de los casos, a quienes infringen derechos de propiedad intelectual”. El Informe 301 de 2010 también insiste en que el marco legal y regulador español no ha conseguido que los proveedores de servicios de Internet colaboren con los poseedores de derechos de propiedad para reducir la piratería en la red, y urge a España para que continúe la dirección positiva que inició al desarrollar una comisión interministerial, con la intención de proponer cambios en la política y en la ley, que faciliten la reducción de la piratería en Internet. Finalmente, el informe de 2010 concluye diciendo que “monitorizará muy de cerca los progresos españoles durante el siguiente año”.

La escasa influencia del poder ejecutivo sobre la judicatura en España, anonada y confunde a Estados Unidos, quien espera modificaciones legales que subviertan la actual impunidad de las redes P2P. La Ley Sinde (disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible) es un proyecto de desarrollo legal español, que se encuentra en cierta consonancia con los requerimientos estadounidenses en cuanto a descargas digitales de material protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.

Por otro lado, en ningún caso se ha perseguido en España a los usuarios de las redes P2P, a pesar de que el intercambio de material protegido por derechos de autor, sin constituir un delito tipificado, sí puede constituir una infracción civil de la Ley de Propiedad Intelectual, que podría llevar aparejada la obligación de indemnizar [Carlos Sánchez-Almeida en El Mundo]. Lo cierto es que perseguir a los usuarios resulta demasiado caro.

Y mientras Estados Unidos quiere enseñar derecho a los jueces españoles, Canadá ha encontrado una solución salomónica. Dado que los soportes de grabación de audio cobran un canon digital, la copia privada se considera legal (a todos los efectos, equivalente al original). Y dado que el intercambio de originales, sin ánimo de lucro, es legal, el intercambio de copias privadas también lo es. Ergo, no se persigue el intercambio de material protegido por derechos de autor. 

Canadá, claro, está en la “super” lista negra americana, junto con China, Rusia, Argelia, India, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Argentina, Chile,  y Venezuela.

[Ver noticia; "Descargar música por Internet no es delito", Santander]

España, por ahora, sólo se mantiene en la lista de países vigilados, en espera de ver qué dirección toman, finalmente, sus medidas en defensa de los derechos de propiedad intelectual en la red.

La masiva respuesta cívica en contra de limitaciones a la libertad individual y colectiva en la red, ha supuesto, hasta ahora, una salvaguarda a los intereses de los usuarios y de las páginas web, que ha evitado que el gobierno lleve a cabo medidas drásticas, sugeridas por diversas multinacionales, como el cierre preventivo de redes P2P.

En estos momentos, en los que se espera la irrupción de la Ley Sinde, las webs P2P que ya han sido juzgadas –y absueltas- se encuentran en posición ventajosa, en tanto no pueden ser juzgadas de nuevo por los mismos delitos por los que fueron acusadas. Así es que se ha iniciado una campaña, entre aquellas webs que aún no han sido demandadas, promoviendo forzar acusaciones de las multinaciones bajo los auspicios de la actual ley. Para ello, se propone, podría hacerse uso de la denominada acción de jactancia, una norma atávica, aunque vigente, que impone la obligación, al acusador, de llevar a juicio al acusado, o a no volver, nunca, a relacionar al acusado con los delitos que, en declaraciones públicas, se le señalan.

En todo caso, lo que está sobre el tapete es la definición misma de la frontera entre distintos derechos protegidos, como los de propiedad intelectual y los de libertad individual y protección de la intimidad. Asimismo, se muestran reveladoras las tendencias de diferentes países a este respecto, y se torna vigente el modo en que las nuevas tecnologías, entre ellas la comunicación a través de la red, afectan a la mencionada frontera y obligan a reestructurar conceptos legales, y hasta filosóficos. 

 

Chema Nieto

 

Enlaces Relacionados: Informe 301 de 2010 / Informe 301 de 2009 / Informe IIAP 2010 / Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado / Proyecto de Ley de Economía Sostenible, Ley Sinde / Ley de Propiedad Intelectual / Canada’s Intellectual Property Framework:  A Comparative Overview / Internet File-Sharing of Copyright-Protected Works: A Canadian Perspective / Resolución caso Sharemula / Resolución caso Índice-web.com / Resolución recurso Etmusica-Elitemula / Declaración abogados caso Sharemula / Blog de David Bravo (abogado caso Sharemula) / Special 301 Report (wikipedia) / Noticias relacionadas: Telefónica y Promusicae - Descarga legal de música en la red / La SGAE: Música y Langostinos (bongobundos) /

Imágenes: Blog Félix Velasco (foto Niño)

Color y Ritmo del Khalili (Cairo, Egipto)

 

Tripalium, Follicare, Controladores Aéreos

El tripalium era una forma de tortura romana por la que se ataba a un hombre a tres palos y se le dejaba morir, tras atormentarle. La RAE afirma que nuestro vocablo “trabajar” procede del latín tripalium, tortura. Hay otros que sostienen que “trabajar” tiene su origen en el también latín trabs, traba. En todo caso, parece que, hace dos mil años al menos, la humanidad tenía claro que “trabajar” no era una actividad agradable. Cuanto menos, un derecho básico del ser humano. Nuestro lenguaje, y con él nuestra forma de percibir el mundo, se ha pervertido con el tiempo.

La Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (DRDH), proclamada en 1998, es mucho menos conocida que su hermana, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 1948. La DRDH supone un compendio de deberes, obligaciones y responsabilidades de los individuos, en tanto que miembros de la comunidad mundial, de organizaciones, agentes no estatales y de los estados. Se trata en suma de un recordatorio y de una expansión de lo sugerido en el artículo 29 de la DUDH, que liga germinalmente la existencia de derechos con la aceptación de deberes y responsabilidades para con la comunidad, para con el ‘otro’.

El término “huelga” proviene de holgar, del latín follicare, que necesita poca explicación. De ahí provienen “jolgorio”, “juerga” y también el más prosaico “follar”. En nuestra perversión actual, sin embargo, el festivo concepto de “huelga” es transformado en guerra, en tortura, en un acto colectivo que debe infligir un daño a la comunidad para resultar efectivo. Tripalium.

El tripalium huelguista hoy busca el modo de dañar, no sólo o no tanto al patrón como a la comunidad, de forma que, por causa de ese daño injustificado a inocentes, se ocupen espacios informativos, se genere tensión social y se movilice el tejido colectivo, da igual que sea en el sentido de dar apoyo al movimiento huelguista o en el contrario. La magnificación del acto de huelga a través de los medios de comunicación es el objetivo de la misma huelga, idealizado como motor del cambio.

Mientras, el tripalium original, el trabajo, se convierte en el último bastión, en la base de toda posibilidad de prosperidad, de riqueza y de felicidad. Se trata de una tortura abrazada por su séquito de mártires.

En este contexto, en el que follicare, la juerga y la huelga, implican dañar al otro, y la tortura es abrazada con éxtasis, resulta difícil concebir siquiera el concepto de responsabilidad. Y es que todo derecho conlleva un deber, una responsabilidad para con el otro. Derechos y deberes no son independientes. Así, el derecho a la huelga o el derecho a una baja laboral por enfermedad, suponen derechos que tienen ligados deberes y responsabilidades. Resulta contrario a razón valorar a quien, enarbolando derechos, se muestra irresponsable y abjura de sus deberes.

No obstante, en este convento de mártires torturadores, se apela con creciente firmeza a la emoción como base de racionalización. Determinado grupo es considerado héroe o villano atendiendo a una lógica emocional, sin que la “fría” información haga mella en el posicionamiento inicial. Una lógica que, por no ser lógica, es fácilmente maleable por comunicaciones globalizadas y simplificadas, que terminan por imponer argumentos dicotomizados, intransigentes, que además, logran fácilmente enfervorizar a sus respectivos acólitos.

Así se explica que un 80% de la población española esté dispuesta, hoy, a despedir a dos mil trabajadores, a condenar al paro a unos individuos cuya falta es habernos fastidiado las vacaciones. Sinvergüenzas. Por mis vacaciones, mato. Pero también se explica así que un 20% de la población española considere héroes a unos individuos que se muestran capaces, olé sus huevos, de paralizar a un país entero y de poner en jaque al gobierno, matarifes sin escrúpulos.

La facilidad con que distintos instrumentos y medios de comunicación son capaces de enardecer a buena parte de la población para que, de forma virulenta, confronten a una minoría o a otro grupo, es un peligro cuyas consecuencias son, desgraciadamente, familiares. Es necesario sustraerse al efecto coercitivo y homogeneizador de la masa, muy especialmente cuando nuestros propios argumentos se tornan claramente emocionales. Y es importante tratar de buscar y contrastar información antes de encender la mecha de nuestra antorcha y formar parte, con todos los demás, de un linchamiento.

 

Chema Nieto

 

Enlaces Relacionados:

Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos / Declaración Universal de los Derechos Humanos / El Efecto Masa y la Obediencia: Responsabilidad Diluida (bongobundos)  / Secessio Plebis (wiki)

Wikipedia:

La Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (DRDH) se realizó en el marco de la UNESCO y con el apoyo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y fue proclamada en 1998 para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la ciudad de Valencia.

Imágenes:

Lentz Strajk / miiAu! / Ernest Descals / William Kentridge

Controladores Aéreos: Actualidad y Contexto

Crónica de una Celada Anunciada

Diciembre 2010

Los controladores aéreos de AENA han caído en una celada política, una “estafa” clásica, aunque de grandes dimensiones. Y sí, los controladores son las víctimas… del timo de la estampita.

 

El preámbulo de la Ley 9/2010, de 14 de abril (2010), es bastante explícito sobre los antecedentes de la situación de los controladores de AENA y afirma, por ejemplo:

* AENA desvela importantes deficiencias organizativas y falta de eficiencia económica (en gran medida relacionado con el coste del personal)

* Existe un continuo incremento de los costes de prestación del servicio, una baja productividad por controlador y un incremento desmedido de los costes de estos empleados públicos en comparación con los restantes controladores europeos

* Los costes de navegación aérea de AENA son los más elevados del entorno europeo, la tarifa nacional que se cobra a las compañías aéreas es la más cara de Europa y el coste por hora de controlador aéreo es el más caro del continente

* Desde 2002 resulta manifiesto que los incrementos retributivos de los controladores aéreos se realizan sin las preceptivas autorizaciones

* Las horas extras de los controladores (cuyo valor es 2.65 veces el de la hora ordinaria), están formalmente configuradas como de libre aceptación por los controladores en una serie de pactos extraestatutarios suscritos por AENA –horas que no han sido incorporadas al convenio colectivo, ni han sido autorizadas con arreglo a lo previsto en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año

* Por convenio colectivo, los controladores están obligados a realizar 1200 horas ordinarias. El resto de horas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, con una media de 600 horas por controlador, se realizan de manera programada por los propios controladores con tres meses de antelación

* En la práctica, los controladores trabajan una media de casi 1800 horas, de las cuales entre un 33% y un 50% son de descanso

* Las 600 horas de más por controlador y año tienen artificialmente la condición de voluntarias, y se abonan irregularmente a precio mucho más alto del previsto en el Estatuto de los Trabajadores para las horas extraordinarias

* En virtud de los derechos reconocidos a los controladores en el I Convenio Colectivo Profesional suscrito en 1999, ocurre una traslación del conjunto de las facultades inherentes al poder de dirección de AENA, a sus controladores

* Son los controladores quienes determinan la configuración operativa de los aeródromos y de sus instalaciones y servicios técnicos, y fijan el personal necesario para la prestación de servicios, organizando sus turnos de trabajo, horarios y descansos

* Existe la posibilidad de obtener una licencia especial retribuida, por la que, al cumplir 52 años, un controlador puede dejar de trabajar, cobrando el salario fijo, aunque ello perturbe gravemente la continuidad y sostenibilidad del servicio

 

Esta ley dispone también, en su mismo preámbulo, que “tal y como exigen los reglamentos de Cielo Único Europeo, resulta necesario permitir que otros proveedores de servicios, debidamente certificados por una autoridad europea de supervisión, puedan prestar servicios de control de tránsito aéreo en nuestros aeródromos”, lo que abre la puerta a nuevas contrataciones de personal bajo condiciones diferentes, igual que dispone que, durante el plazo de tres años, “queda suspendido el derecho a obtener la licencia especial retribuida”, por la que se permite dejar de trabajar a los controladores una vez cumplidos 52 años, percibiendo el salario ordinario fijo hasta alcanzar la edad de jubilación.

De la misma forma, se establece que la jornada máxima necesaria es, “incluido el tiempo de descanso durante la jornada y las guardias localizadas y descontando la previsión de 80 horas extras anuales” (aceptadas en el convenio colectivo de controladores), de 1670 horas anuales.

Algunos controladores exponen oscuros intentos de privatización del sector por parte del gobierno, que estarían detrás de la campaña de descrédito a que vienen siendo sometidos. Una campaña de descrédito que se inicia para conseguir reducir sus sueldos millonarios. Los controladores aceptan, en agosto de este año, una reducción drástica de sus sueldos, que sitúa su salario medio en 200.000 euros anuales, a cambio de ampliar su jornada laboral ordinaria, hasta un máximo de 1670 horas.  Primera etapa de la celada. En vez de defender su jornada laboral de 1200 horas, acordada por convenio, y que obligaría a la administración a nuevas contrataciones, los controladores optan por minimizar sus pérdidas económicas.

Lo que ha hecho el gobierno ahora, segunda etapa de la celada, es provocar al colectivo, y en período prevacacional; ni permisos sindicales, ni licencias, ni ausencias por incapacidad laboral se tendrán en cuenta a la hora de computar las horas máximas de actividad anual. En realidad, el Real Decreto de 5 de agosto ya dejaba claro que, para el cómputo de horas máximas, no se tendrían en cuenta ni las guardias localizadas (“tiempos de imaginaria fuera del lugar de trabajo”), ni los reconocimientos médicos necesarios para obtener o mantener la licencia de controlador, ni los días destinados a la formación continuada, distinta de la formación práctica de trabajo con simuladores. Se añaden, explícitamente, los días sindicales y los días de baja laboral. Un añadido menor en realidad, que inflama sin embargo los ánimos de un colectivo que ya preparaba otra huelga coercitiva para este mes y que provoca la irresponsable decisión final de los controladores de abandonar sus puestos de trabajo. Una forma de huelga encubierta que, con menor repercusión, ya había tenido lugar en diversas ocasiones, la última este verano, cuando en el Centro de Control de Barcelona se produjeron hasta 28 bajas por estrés y ansiedad.

La reacción del gobierno no se hace esperar y lo que podría haber sido un absoluto caos se convierte en una derrota clamorosa de los controladores y en una muestra de firmeza por parte del ejecutivo, que declara el estado de alerta. La oposición, que desde el verano trataba de seducir a los controladores para iniciar una huelga que sirviese de puntilla a la maltrecha imagen del gobierno, sólo puede protestar ante una medida contundente, y en apariencia justificada, que pone fin a las expectativas de los controladores.

Una maniobra política aplastante, que sería magistral de no tener, como todas las guerras, víctimas colaterales. 

 

Chema Nieto

 

Enlaces

El Real Decreto 1001/2010, de 5 de Agosto, reza textualmente:

“A efectos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 bis, del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, únicamente se considerará tiempo de trabajo efectivo de los controladores civiles de tránsito aéreo aquél en el que el trabajador se encuentre a disposición del proveedor designado para la prestación de servicios de control de tránsito aéreo y realizando una actividad aeronáutica, así como, la formación práctica de trabajo usando simuladores y las evaluaciones correspondientes, y otros trabajos auxiliares relacionados con su actividad aeronáutica.

Se considerarán tiempos de presencia, no computables a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, ni para el límite máximo de las horas extraordinarias, los tiempos de imaginaria fuera del lugar de trabajo, los reconocimientos médicos necesarios para obtener o mantener la licencia de controlador de tránsito aéreo, la formación continuada distinta de la formación práctica de trabajo prevista en el párrafo anterior u otras similares.”

 

Por su parte, la disposición adicional segunda del BOE de 3 de diciembre, explicita:

“En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010” BOE Viernes 3 de Diciembre, 2010."

 

LEY 9/2010, de 14 de Abril / BOE Jueves 15 de Abril (2010) / BOE Viernes 3 de Diciembre (2010) Título 2, Capítulo I, Artículo 7, punto cuarto / REAL DECRETO 1001/2010, de 5 de agosto (2010) / I Convenio Colectivo Controladores AENA

Imágenes:   Blog de Mino / Librered / Noticias-Billetes de avión

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Recién llegados y con ganas de más. Empezamos con alguna foto, para abrir boca.

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