Ni Kyoto, ni ozono ni emisiones de ceodós; hoy me siento castizo, españolito de pro, y para calentamiento global tengo bastante con el nuestro.
Un índice sensible del grado de calentamiento nacional lo encontramos en el hecho de que un asesino cobarde y cretino como De Juana (cobarde por no saber sino matar por la espalda; cretino por pretender tener razones para hacerlo) sea significado en las portadas de todos los periódicos del país. La hasta ahora estéril discusión entre demócratas en torno al caso De Juana sólo ha conseguido enardecer a los defensores de dos proposiciones diferentes que en absoluto son contrapuestas.
De un lado se aduce lo injusto (por muy legal que sea) de transformar una condena de tres mil años en dieciocho. Nuestro actual sistema penitenciario pretende que la coartación de libertad que supone el encarcelamiento sea no sólo castigo sino también medida coercitiva e incluso reinsertiva. Ciertas voces de víctimas del terrorismo señalan que, de existir arrepentimiento por parte del asesino, sus exigencias como víctimas serían sensiblemente diferentes. Esta ilusión de reinserción social tras el castigo penitenciario subyace no sólo en buena parte del sentir ciudadano sino en las propias leyes que formulan la regulación de las penas. Y sin embargo carecemos en gran medida de mecanismos adecuados que faciliten dicha reinserción -salvo por el castigo mismo. Así, en este contexto, admitir como válida la condena a cadena perpetua implicaría aceptar que existen casos en los que dicha reinserción simplemente no es posible.
En cuanto se nos pase este ardor de turba enardecida dispuesta a colgar al indio de turno tal vez debamos reevaluar nuestro sistema sancionador e incluso valorar como admisible la imposición de la cadena perpetua a aquellos que han hecho un uso execrable de su libertad. La posible justicia de un castigo tal, más que su dudosa efectividad como medida coercitiva, debe ser valorada.
El segundo argumento, sólo en apariencia contrapuesto al anterior, es el de aquellos que defienden que en un estado de derecho no se puede perseguir un fin, por justo que este sea, por cualquier medio, y mucho menos si estos medios son ilegales e injustos. El propio estado de derecho se define por las reglas de juego en forma de leyes que el conjunto de ciudadanos acatan. Tratar de conseguir fines por medios criminales es precisamente lo que pretenden los asesinos etarras, y lo que nos diferencia de ellos, además de no matar, es que nosotros, como sociedad, sí acatamos las reglas de convivencia que nos imponemos (aún cuando en ocasiones no nos gusten o no nos convengan).
En el caso de De Juana la injusticia (legal) de ver reducida su condena hasta la insignificancia ha motivado que ciertos sectores de nuestra sociedad pretendan paliar aquella injusticia con otra injusticia, inflando una condena por amenazas que el Supremo se ha encargado finalmente de moderar. Una injusticia en cualquier caso, la nuestra, que los aberchales se han apresurado a señalar sin decoro. Pero no nos equivoquemos; que en España hoy impere la ley es una victoria nuestra, de la democracia, no de los asesinos. Y sí, una victoria.
Un asesino execrable saldrá de la cárcel en menos de un año y esto constituye una victoria de la ley sobre el imperio de la turba enardecida. Y sin embargo, la innegable injusticia que constituirá la liberación de De Juana, lejos de hacernos clamar venganza, debe servirnos de acicate para hacer que nuestras leyes sean más justas, también en la imposición de castigos, y para que se racionalice la filosofía reinsertiva que puede seguir siendo referente pero no sumisión.
Dejémonos pues de discusiones estériles y no olvidemos que somos corresponsables de las injusticias que impregnan nuestro sistema legal; es hora de abandonar el "ellos hacen, ellos dicen" en referencia a nuestros políticos y retomar el "nosotros hacemos y decimos", haciéndonos copartícipes, incluso cuando discrepamos, de todas las decisiones que dan forma a nuestra sociedad. Sin duda el empeño común por construir una sociedad más justa, frente a la sinrazón de la venganza o los intereses particulares, ha de dar sus frutos; ocurrió en España con el establecimiento de la democracia durante la transición y ocurrirá de nuevo si somos capaces de encauzar nuestros esfuerzos en una dirección común.
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