[VÍDEO 6:55 ALFONSO Y LA ROCA]
Día de escalada en la 'escuela' de Las Cabadas, al lado de Arenas de Cabrales. En el vídeo, Alfonso busca la forma de superar la ruta "Selva de Ita", una 6c (una pared jodida, vaya). Abajo incluyo el reportaje fotográfico del mismo día más un enlace a las (brillantes) fotos de Eli.
[VÍDEO 1:50 PHOTO SHOW]
PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A LAS FOTOS DE ELI (en facebook)
Ah, y por cierto... ¡yo también estuve allí! ;))
[FOTOGRAFÍA: ELISA ROBLES]
Foto: Tomás Miñambres
El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada (*)
Una buena cita conmueve al tiempo que satura nuestra capacidad racional por su apariencia de verdad evidente o profunda. Casi ninguna cita o eslogan soporta un análisis racional, pero este análisis casi nunca sucede.
Los eslóganes y las fórmulas abreviadas de expresión tienden a sustituir el razonamiento en vez de a estimularlo. A cambio, emocionan. Y la emoción, ya se sabe, conduce a la acción. El marketing, incluido el marketing político, abusa de eslóganes, truismos, mensajes simplificados o simplemente banales, disfrazados de significado aparente, con el objetivo de conmover para la acción. En muchos casos el propio pensamiento político se reduce a la reproducción de fórmulas de conveniencia, de citas o incluso de palabras sin un claro significado explícito aunque con una marcada dirección emocional.
Sin embargo las citas, los eslóganes o las palabras que evocan lugares comunes no son esencialmente malos. Por un lado pueden llegar a constituir resúmenes brillantes de pensamientos más complejos. Por otro, son capaces de sugerir, de estimular o de inspirar emociones e ideas, más allá de la expresión de su significado evidente.
Dejarse llevar por las emociones, además, tampoco es intrínsecamente negativo. Existe, no obstante, la posibilidad de sufrir una manipulación emocional, por ejemplo a través de mensajes simplificados cuyo significado no es adecuadamente articulado. Eso sí, saberlo no evita la manipulación.
Supongo que por todo esto me cayó simpático Rubalcaba en el debate televisado de ayer. Y es que los periodistas que buscan algo de significado detrás de palabras contundentes, altisonantes pero vacuas, consiguen mi simpatía. Claro que Rubalcaba no es periodista. Ni será presidente, vaya.
“El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada” Frase célebre de origen oscuro, atribuida sin base documental alguna al político y escritor dublinés Edmund Burke (1729-1797). Burke fue autor entre otras de Una Vindicación de la Sociedad Natural, considerada por algunos la primera expresión escrita del anarquismo filosófico, aunque el propio autor renegó de este escrito, describiéndolo como una sátira.
“Quien quiera hacer bien a otro debe hacerlo en los pequeños detalles. El Bien General es la coartada de los sinvergüenzas, los hipócritas y los aduladores”, William Blake (Jerusalem, ch. 3)
"Para el desarrollo de una auténtica Consciencia Social nada mejor que una refrescante Tiranía. ¡Peperos, no nos falléis!", Eo Saltasebes
El Poder de la Mente
Mattel ha desarrollado un juego que consigue hacernos mover una bolita con el "poder" de nuestra mente. Te pones unos cascos, conectas unas pinzas a las orejas, te concentras y ¡voilá! ¡La bola se mueve!
El juego consiste en una plataforma con un ventilador y una bolita. El jugador se pone una cinta especial alrededor de la cabeza y conecta unas pinzas a las orejas. Sin ningún contacto físico, el jugador conseguirá mover la bola sobre la plataforma y hacerla flotar, al activar con mayor o menor potencia el ventilador. Se supone que es la mayor o menor "concentración" del jugador la que conseguirá activar los movimientos de la bola. Dicen, además, que no es fácil conseguir el control mental suficiente para mover la bola a voluntad.
Aunque Mattel sólo afirma que se trata de una "combinación de coordinación física y mental", a mucha gente se le ha ido la pinza afirmando que el Mindflex detecta actividad eléctrica de la región frontal del cerebro (relacionada con las funciones cognitivas superiores, el cálculo, la "voluntad"). La base del juego consiste, de hecho, en "concentrarse" en la bola para moverla por un circuito predeterminado, así que ¿por qué no?. ¿Un medidor de ondas cerebrales? ¿Neurofeedback? ¡Suena fantástico!
El efecto de la versión "duelo", para dos jugadores, es realmente interesante. [ver promo (30 segundos, ¡merece la pena!)]
En fin. Me he encontrado con dos vídeos fantásticos que aunque no explican cómo funciona el Mindflex sí ofrecen bastantes pistas. El primero es de unos piraos que desarman el Mindflex y conectan los cables que deberían mover la bola a una cinta de muñeca que produce una pequeña descarga eléctrica en el jugador. En realidad, lo único que hacen es cambiar las reglas del juego, de manera que, ahora, el jugador tratará de "no concentrarse" para evitar así la descarga. El vídeo de Harcos Lab (2 min y medio) es estúpido e hilarante, además de muy ilustrativo.
El segundo vídeo es más revelador, aunque la posible paradoja es inquietante; ¿acaso emiten ondas cerebrales las esponjas mojadas?
En cualquier caso, el juego parece interesante y necesariamente utiliza alguna forma de biofeedback (variaciones en la conductancia eléctrica, por ejemplo) que, paradójicamente, podría servir realmente para estimular la capacidad de concentración de los niños... y de los no tan niños.
Mmm. Nada de ondas Theta. Pero sugerente.
Chema Nieto
Enlaces: Mindflex at Mattel
Desmontando los argumentos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) en contra de la Especialidad de Urgencias y Emergencias
La alta prevalencia de patología banal que llega a las unidades de urgencias hospitalarias, que debería estudiarse, tratarse y seguirse en los centros de salud, con un claro beneficio para el paciente, en tanto que atención continuada, y para el sistema sanitario, por la optimización de recursos y la limitación del gasto, es uno de los problemas que detecta y describe la semFYC en su argumentario en contra de la especialidad de urgencias.
Afirma la semFYC que la existencia de un “especialista de urgencias” en los hospitales incrementaría aún más la utilización de los servicios de urgencias hospitalarias por parte de la población, empeorando y encareciendo innecesariamente la atención urgente. Como en casi todos los argumentos de la semFYC, también en esta ocasión se aprecia el problema y se equivocan las conclusiones.
A casi nadie se le ocurre preguntar al cardiólogo qué hacer con esa uña encarnada que lleva meses dando la lata. De la misma forma, tampoco parece razonable que alguien acuda a un centro hospitalario para ver a un Especialista en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, para preguntarle qué hacer con su uña encarnada. Sin embargo, actualmente el 80% de los médicos que trabajan en urgencias hospitalarias son médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que han sido formados, entre otras, para diagnosticar, tratar y seguir la patología banal que acude habitualmente a los servicios de urgencias. Los médicos de urgencias hospitalarias, aunque con unos medios y una logística diferente, comparten una formación similar a la de sus compañeros de atención primaria, y de ahí que resulte particularmente difícil evitar atender a los pacientes que acuden con problemas que deberían solucionarse en el ámbito no hospitalario.
Esta situación debe cambiar. Debemos, y necesitamos, optimizar los recursos sanitarios, tanto los humanos como los técnicos y estructurales. La especialidad de Urgencias, Emergencias y Catástrofes no supone una solución radical pero sí obedece a una necesaria restructuración de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias (particularmente las UVIs móviles), y a necesidades formativas de orden básico.
Hoy en día, los Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que trabajan en las urgencias hospitalarias deben buscarse la vida para completar su formación en urgencias, emergencias y catástrofes, una formación que su propia especialidad les limita o incluso les niega, favoreciendo completar un modelo de médico generalista que pueda atender las necesidades sanitarias de los centros de salud. Lo cual está plenamente justificado, al estar realizando una especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria y no la Especialidad de Urgencias, Emergencias y Catástrofes.
La semFYC defiende una subespecialización para urgencias, de modo que los Médicos Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, en Medicina Interna y Medicina Intensiva, entre otros, puedan capacitarse para trabajar en los servicios de urgencias hospitalarias mediante un periodo formativo extra de dos años. Afirman que las urgencias, emergencias y catástrofes no tienen “un cuerpo de conocimiento exclusivo, sino transversal”, y que poseen un “paradigma de actuación compartido con otras especialidades”. Y es cierto, al menos en tanto entendemos que ninguna especialidad médica tiene un cuerpo de conocimiento y un paradigma de actuación exclusivos, no compartidos, y menos que ninguna la medicina de familia.
Existen diversos problemas de base que no resultan fáciles de articular. El más grave de todos ellos probablemente lo constituya la incapacidad de las universidades para dotar a los futuros médicos de una formación adecuada y suficiente para desenvolverse como médicos generalistas. Por ello, una troncalidad de las distintas especialidades médicas que dotase a todos los futuros médicos de una formación común y general podría resultar interesante. En cualquier caso, el interés y lo apropiado de una formación general básica no es equivalente a afirmar, como hace la semFYC, que el médico de Urgencias necesite ser, además de urgenciólogo, especialista en Medicina de Familia, Internista o Intensivista.
La Medicina de Familia tiene un cuerpo de conocimiento suficiente y un paradigma de actuación propio, aunque en su mayor parte sea compartido y transversal, que le dotan de suficiente entidad como para seguir constituyendo una especialidad. Lo mismo ocurre con la Medicina de Urgencias, Emergencias y Catástrofes. La MUEC tiene un área de conocimiento diferenciado, que incluye la primera asistencia especializada ante situaciones críticas o urgentes, los politraumas, los accidentes con múltiples víctimas y la atención en catástrofes, el soporte vital avanzado o la coordinación y regulación médicas, entre las más características, además de diversas aportaciones multidisciplinares que deben capacitar al médico de urgencias para diagnosticar y tratar las situaciones urgentes de casi cualquier otra especialidad. Existen asimismo técnicas y procedimientos que son propios, y en muchos casos exclusivos, de las urgencias, las emergencias y/o las catástrofes.
Por otro lado, a nivel organizativo, la existencia de una especialidad de urgencias y emergencias facilitaría la previsión, programación y adecuación de los recursos humanos necesarios para dotar a las distintas unidades de urgencias de personal suficientemente formado. La independencia de los profesionales de urgencias de la medicina familiar ayudaría también a que tanto la población general como los propios profesionales sanitarios aprendiesen a diferenciar los recursos urgentes hospitalarios y las uvis móviles de la atención continuada que aportan los centros de salud, con la optimización de recursos que dicha diferenciación supondría.
La propuesta de la semFYC de crear un área de capacitación especial para urgencias, exigiendo que especialistas médicos soporten dos años más de formación para acreditarse como urgenciólogos, hace prever a medio plazo una escasez de personal capacitado para trabajar en los servicios de urgencias hospitalarias y uvis móviles. Las subespecialidades deben entenderse como áreas de capacitación altamente específicas dentro de una especialidad dada. El propio argumento de la semFYC, en el que describe el área de conocimiento de urgencias como transversal y multidisciplinar, contradice su propuesta de crear una subespecialidad para urgencias. Las urgencias y emergencias constituyen un amplio campo de conocimiento diferenciado y no pueden ser consideradas como subespecialidad de otra u otras especialidades médicas. Menos aún dados los riesgos obvios de convertir un área de trabajo básico y generalizado, en una subespecialidad rara, costosa y que termine por aportar menos recursos humanos de los que la sociedad y nuestra estructura sanitaria demandan.
Por todo ello parece necesario exigir una reformulación del actual borrador de proyecto de real decreto para la creación de la especialidad médica en urgencias y emergencias, que básicamente, aunque de forma confusa, recoge las propuestas de la semFYC.
Por una auténtica formación especializada en Urgencias, Emergencias y Catástrofes.
Chema Nieto
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Es un placer saber que Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1994, sigue trabajando y dando caña. Me lo encontré ayer en la contraportada de El País.
Para los nostálgicos, o para quienes quieran saber de qué va la guerra farmacéuticas-versus-Patarroyo sobre la vacuna de la Malaria y el origen de su confrontación con Pedro Alonso, aquí podéis encontrar un viejo resumen [Patarroyo. La guerra de las vacunas contra la Malaria].
Chema Nieto
Tan solo por concretar, y aprovechando que hoy no puedo salir de paseo con Santi por Madrid;
Tolerancia Cero con la Corrupción
Enlaces al Blog:
Primera Edición, Junio 2011. Hospital Valle del Nalón, Asturias
web social / buscadores sanitarios / blogs / hardware aplicado a sanidad / e-health
Download PDF: Cómo crear un blog en blogger
(pasos a seguir, nociones básicas, administración del blog)
El Nota: Yo soy 'El Nota'. Así tiene que llamarme, ¿entiende? Así, o 'Su Notísima', o 'Noti'. O 'El Notarino', en fin, si no le hacen los nombres cortos
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El Nota: Si, estupendo, pero no me has contado cómo vamos a rescatarla. ¿Dónde está?
Walter: Esa es la parte sencilla; hacemos la entrega, agarro a uno y se lo saco a hostias
El Nota: Ya, un plan fantástico, Walter, es de un ingenio acojonante, perfecto, funcionará como un reloj suizo...
Walter: Eso es, su belleza radica en su sencillez. Si el plan fuese demasiado complicado podría fallar todo. Si hay algo que aprendí en Vietnam...
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El Nota: Esa alfombra le daba ambiente a la habitación
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Walter: Como dijo Lenin, si buscas a la persona que se beneficia entonces, en fin, ya me entiendes
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El Nota: (hablando de Donny) Y ya sabes que tiene problemas emocionales
Walter: ¿Además de lo del pacifismo?
EL GRAN LEBOWSKY, de los hermanos Cohen. 1998
Imágenes:
Foto: Tomás Miñambres
PIRATERÍA EN LA RED
Vilipendiado por unos, temido por otros, malentendido por muchos, el Informe 301 (“Special 301” Report) es un documento informativo, redactado anualmente por la USTR (Office of the United States Trade Representative, una especie de Secretaría de Estado de Comercio Exterior). En este documento se evalúa la protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual (estadounidenses) en el mundo, e incluye un listado de países que, según explica, sufren “serias deficiencias” en este tema.
El listado es utilizado por los Estados Unidos como modo de presionar a gobiernos extranjeros, para que adopten leyes de copyright más estrictas y emprendan un papel más activo en la lucha contra el incumplimiento de las leyes de propiedad intelectual. Asimismo, los Estados Unidos se arrogan la posibilidad de iniciar acciones unilaterales, como sanciones o represalias, contra aquellos países que consideran como una amenaza para sus intereses comerciales, en base a este informe.
En 2009, España aparece en el watchlist del Informe 301, un listado de países bajo vigilancia norteamericana, donde se explicita que “Estados Unidos insta enérgicamente a que el gobierno español adopte medidas rápidas y significativas para abordar el grave problema de la piratería en Internet”.
La piratería, tal y como se entiende en este contexto, es decir, el intercambio de material digital protegido por derechos de autor, ha supuesto en España una reducción estimada de hasta el 65% en las ventas de las discográficas. Se contemplan dos formas diferenciadas de piratería, según exista o no un ánimo de lucro en el intercambio. Cuando se vende una copia de un CD, se comete un delito; la copia y distribución de material protegido por las leyes de propiedad intelectual, con ánimo de lucro, supone un delito tipificado, contra el que España ya ha iniciado campañas, no sólo legales y policiales, sino informativas y de concienciación social.
No obstante, determinados aspectos culturales inherentes a la sociedad española, favorecen una forma de piratería no tipificada, que implica el intercambio, sin ánimo de lucro, de material protegido. Esta forma “benigna” de piratería resulta, por volumen, particularmente importante en nuestro país.
En España existen numerosas páginas web dedicadas a poner en contacto a múltiples usuarios, de manera que puedan intercambiar archivos digitales. Son las denominadas redes P2P (peer-to-peer, o redes de pares). A través de estas redes los usuarios intercambian todo tipo de material digital, música, películas, documentos, libros, tratándose, en algunos casos, de material protegido por derechos de autor.
Las propias redes se demuestran inmunes a los ataques legales. Las actuales webs P2P no almacenan ningún tipo de material sino que sirven, únicamente, de medio de contacto entre usuarios. Por este motivo, las demandas legales de grandes multinacionales han visto truncados sus intentos de cerrar estas páginas en España, y ya son muchos los casos de redes P2P que han sido absueltas de todo cargo, a pesar de haberse enfrentado a la gran industria del cine (Columbia, Walt Disney, la Twentieth, Warner, Universal, Lauren Films, Manga Films o Paramount, entre otros). [Enlaces con resoluciones de casos, caso Sharemula]
Estados Unidos encuentra inadmisible que un juez pueda desestimar demandas de este tipo. La IIPA (Alianza Internacional por la Propiedad Intelectual, un consorcio de multinacionales americanas) emite cada año un informe con recomendaciones específicas y exhaustivas sobre qué hacer en aquellos países que, a su entender, son contrarios a los intereses de copyright estadounidenses. El documento de la IIPA declara su intención de influir en la redacción final del Informe 301, y ciertamente, muchas de sus recomendaciones aparecen plasmadas en el documento gubernamental final.
En 2010, el informe de la IIPA sugiere que Estados Unidos debería promover y financiar cursos de capacitación dirigidos a fiscales y jueces españoles sobre el derecho de propiedad intelectual. El Informe 301 resulta menos agresivo, aunque incide en los mismos puntos. “En 2010 se mantiene a España en la Lista de Vigilancia”, explicita el Infome 301. “Estados Unidos sigue preocupada por la significativa piratería a través de Internet que tiene lugar en España. El gobierno español no ha corregido la Circular [1/2006] del Fiscal General del Estado, que parece despenalizar el intercambio de ficheros digitales a través de redes P2P, contribuyendo a generar una percepción pública errónea de que esta actividad es legal. (…) El sistema legal español no consigue penalizar, en la mayor parte de los casos, a quienes infringen derechos de propiedad intelectual”. El Informe 301 de 2010 también insiste en que el marco legal y regulador español no ha conseguido que los proveedores de servicios de Internet colaboren con los poseedores de derechos de propiedad para reducir la piratería en la red, y urge a España para que continúe la dirección positiva que inició al desarrollar una comisión interministerial, con la intención de proponer cambios en la política y en la ley, que faciliten la reducción de la piratería en Internet. Finalmente, el informe de 2010 concluye diciendo que “monitorizará muy de cerca los progresos españoles durante el siguiente año”.
La escasa influencia del poder ejecutivo sobre la judicatura en España, anonada y confunde a Estados Unidos, quien espera modificaciones legales que subviertan la actual impunidad de las redes P2P. La Ley Sinde (disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible) es un proyecto de desarrollo legal español, que se encuentra en cierta consonancia con los requerimientos estadounidenses en cuanto a descargas digitales de material protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
Por otro lado, en ningún caso se ha perseguido en España a los usuarios de las redes P2P, a pesar de que el intercambio de material protegido por derechos de autor, sin constituir un delito tipificado, sí puede constituir una infracción civil de la Ley de Propiedad Intelectual, que podría llevar aparejada la obligación de indemnizar [Carlos Sánchez-Almeida en El Mundo]. Lo cierto es que perseguir a los usuarios resulta demasiado caro.
Y mientras Estados Unidos quiere enseñar derecho a los jueces españoles, Canadá ha encontrado una solución salomónica. Dado que los soportes de grabación de audio cobran un canon digital, la copia privada se considera legal (a todos los efectos, equivalente al original). Y dado que el intercambio de originales, sin ánimo de lucro, es legal, el intercambio de copias privadas también lo es. Ergo, no se persigue el intercambio de material protegido por derechos de autor.
Canadá, claro, está en la “super” lista negra americana, junto con China, Rusia, Argelia, India, Indonesia, Pakistán, Tailandia, Argentina, Chile, y Venezuela.
[Ver noticia; "Descargar música por Internet no es delito", Santander]
España, por ahora, sólo se mantiene en la lista de países vigilados, en espera de ver qué dirección toman, finalmente, sus medidas en defensa de los derechos de propiedad intelectual en la red.
La masiva respuesta cívica en contra de limitaciones a la libertad individual y colectiva en la red, ha supuesto, hasta ahora, una salvaguarda a los intereses de los usuarios y de las páginas web, que ha evitado que el gobierno lleve a cabo medidas drásticas, sugeridas por diversas multinacionales, como el cierre preventivo de redes P2P.
En estos momentos, en los que se espera la irrupción de la Ley Sinde, las webs P2P que ya han sido juzgadas –y absueltas- se encuentran en posición ventajosa, en tanto no pueden ser juzgadas de nuevo por los mismos delitos por los que fueron acusadas. Así es que se ha iniciado una campaña, entre aquellas webs que aún no han sido demandadas, promoviendo forzar acusaciones de las multinaciones bajo los auspicios de la actual ley. Para ello, se propone, podría hacerse uso de la denominada acción de jactancia, una norma atávica, aunque vigente, que impone la obligación, al acusador, de llevar a juicio al acusado, o a no volver, nunca, a relacionar al acusado con los delitos que, en declaraciones públicas, se le señalan.
En todo caso, lo que está sobre el tapete es la definición misma de la frontera entre distintos derechos protegidos, como los de propiedad intelectual y los de libertad individual y protección de la intimidad. Asimismo, se muestran reveladoras las tendencias de diferentes países a este respecto, y se torna vigente el modo en que las nuevas tecnologías, entre ellas la comunicación a través de la red, afectan a la mencionada frontera y obligan a reestructurar conceptos legales, y hasta filosóficos.
Chema Nieto
Enlaces Relacionados: Informe 301 de 2010 / Informe 301 de 2009 / Informe IIAP 2010 / Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado / Proyecto de Ley de Economía Sostenible, Ley Sinde / Ley de Propiedad Intelectual / Canada’s Intellectual Property Framework: A Comparative Overview / Internet File-Sharing of Copyright-Protected Works: A Canadian Perspective / Resolución caso Sharemula / Resolución caso Índice-web.com / Resolución recurso Etmusica-Elitemula / Declaración abogados caso Sharemula / Blog de David Bravo (abogado caso Sharemula) / Special 301 Report (wikipedia) / Noticias relacionadas: Telefónica y Promusicae - Descarga legal de música en la red / La SGAE: Música y Langostinos (bongobundos) /
Imágenes: Blog Félix Velasco: Foto Niño /
El tripalium era una forma de tortura romana por la que se ataba a un hombre a tres palos y se le dejaba morir, tras atormentarle. La RAE afirma que nuestro vocablo “trabajar” procede del latín tripalium, tortura. Hay otros que sostienen que “trabajar” tiene su origen en el también latín trabs, traba. En todo caso, parece que, hace dos mil años al menos, la humanidad tenía claro que “trabajar” no era una actividad agradable. Cuanto menos, un derecho básico del ser humano. Nuestro lenguaje, y con él nuestra forma de percibir el mundo, se ha pervertido con el tiempo.
La Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (DRDH), proclamada en 1998, es mucho menos conocida que su hermana, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 1948. La DRDH supone un compendio de deberes, obligaciones y responsabilidades de los individuos, en tanto que miembros de la comunidad mundial, de organizaciones, agentes no estatales y de los estados. Se trata en suma de un recordatorio y de una expansión de lo sugerido en el artículo 29 de la DUDH, que liga germinalmente la existencia de derechos con la aceptación de deberes y responsabilidades para con la comunidad, para con el ‘otro’.
El término “huelga” proviene de holgar, del latín follicare, que necesita poca explicación. De ahí provienen “jolgorio”, “juerga” y también el más prosaico “follar”. En nuestra perversión actual, sin embargo, el festivo concepto de “huelga” es transformado en guerra, en tortura, en un acto colectivo que debe infligir un daño a la comunidad para resultar efectivo. Tripalium.
El tripalium huelguista hoy busca el modo de dañar, no sólo o no tanto al patrón como a la comunidad, de forma que, por causa de ese daño injustificado a inocentes, se ocupen espacios informativos, se genere tensión social y se movilice el tejido colectivo, da igual que sea en el sentido de dar apoyo al movimiento huelguista o en el contrario. La magnificación del acto de huelga a través de los medios de comunicación es el objetivo de la misma huelga, idealizado como motor del cambio.
Mientras, el tripalium original, el trabajo, se convierte en el último bastión, en la base de toda posibilidad de prosperidad, de riqueza y de felicidad. Se trata de una tortura abrazada por su séquito de mártires.
En este contexto, en el que follicare, la juerga y la huelga, implican dañar al otro, y la tortura es abrazada con éxtasis, resulta difícil concebir siquiera el concepto de responsabilidad. Y es que todo derecho conlleva un deber, una responsabilidad para con el otro. Derechos y deberes no son independientes. Así, el derecho a la huelga o el derecho a una baja laboral por enfermedad, suponen derechos que tienen ligados deberes y responsabilidades. Resulta contrario a razón valorar a quien, enarbolando derechos, se muestra irresponsable y abjura de sus deberes.
No obstante, en este convento de mártires torturadores, se apela con creciente firmeza a la emoción como base de racionalización. Determinado grupo es considerado héroe o villano atendiendo a una lógica emocional, sin que la “fría” información haga mella en el posicionamiento inicial. Una lógica que, por no ser lógica, es fácilmente maleable por comunicaciones globalizadas y simplificadas, que terminan por imponer argumentos dicotomizados, intransigentes, que además, logran fácilmente enfervorizar a sus respectivos acólitos.
Así se explica que un 80% de la población española esté dispuesta, hoy, a despedir a dos mil trabajadores, a condenar al paro a unos individuos cuya falta es habernos fastidiado las vacaciones. Sinvergüenzas. Por mis vacaciones, mato. Pero también se explica así que un 20% de la población española considere héroes a unos individuos que se muestran capaces, olé sus huevos, de paralizar a un país entero y de poner en jaque al gobierno, matarifes sin escrúpulos.
La facilidad con que distintos instrumentos y medios de comunicación son capaces de enardecer a buena parte de la población para que, de forma virulenta, confronten a una minoría o a otro grupo, es un peligro cuyas consecuencias son, desgraciadamente, familiares. Es necesario sustraerse al efecto coercitivo y homogeneizador de la masa, muy especialmente cuando nuestros propios argumentos se tornan claramente emocionales. Y es importante tratar de buscar y contrastar información antes de encender la mecha de nuestra antorcha y formar parte, con todos los demás, de un linchamiento.
Chema Nieto
Enlaces Relacionados:
Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos / Declaración Universal de los Derechos Humanos / El Efecto Masa y la Obediencia: Responsabilidad Diluida (bongobundos) / Secessio Plebis (wiki)
Wikipedia:
La Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos (DRDH) se realizó en el marco de la UNESCO y con el apoyo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y fue proclamada en 1998 para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la ciudad de Valencia.
Imágenes:
Crónica de una Celada Anunciada
Diciembre 2010
Los controladores aéreos de AENA han caído en una celada política, una “estafa” clásica, aunque de grandes dimensiones. Y sí, los controladores son las víctimas… del timo de la estampita.
El preámbulo de la Ley 9/2010, de 14 de abril (2010), es bastante explícito sobre los antecedentes de la situación de los controladores de AENA y afirma, por ejemplo:
* AENA desvela importantes deficiencias organizativas y falta de eficiencia económica (en gran medida relacionado con el coste del personal)
* Existe un continuo incremento de los costes de prestación del servicio, una baja productividad por controlador y un incremento desmedido de los costes de estos empleados públicos en comparación con los restantes controladores europeos
* Los costes de navegación aérea de AENA son los más elevados del entorno europeo, la tarifa nacional que se cobra a las compañías aéreas es la más cara de Europa y el coste por hora de controlador aéreo es el más caro del continente
* Desde 2002 resulta manifiesto que los incrementos retributivos de los controladores aéreos se realizan sin las preceptivas autorizaciones
* Las horas extras de los controladores (cuyo valor es 2.65 veces el de la hora ordinaria), están formalmente configuradas como de libre aceptación por los controladores en una serie de pactos extraestatutarios suscritos por AENA –horas que no han sido incorporadas al convenio colectivo, ni han sido autorizadas con arreglo a lo previsto en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año
* Por convenio colectivo, los controladores están obligados a realizar 1200 horas ordinarias. El resto de horas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, con una media de 600 horas por controlador, se realizan de manera programada por los propios controladores con tres meses de antelación
* En la práctica, los controladores trabajan una media de casi 1800 horas, de las cuales entre un 33% y un 50% son de descanso
* Las 600 horas de más por controlador y año tienen artificialmente la condición de voluntarias, y se abonan irregularmente a precio mucho más alto del previsto en el Estatuto de los Trabajadores para las horas extraordinarias
* En virtud de los derechos reconocidos a los controladores en el I Convenio Colectivo Profesional suscrito en 1999, ocurre una traslación del conjunto de las facultades inherentes al poder de dirección de AENA, a sus controladores
* Son los controladores quienes determinan la configuración operativa de los aeródromos y de sus instalaciones y servicios técnicos, y fijan el personal necesario para la prestación de servicios, organizando sus turnos de trabajo, horarios y descansos
* Existe la posibilidad de obtener una licencia especial retribuida, por la que, al cumplir 52 años, un controlador puede dejar de trabajar, cobrando el salario fijo, aunque ello perturbe gravemente la continuidad y sostenibilidad del servicio
Esta ley dispone también, en su mismo preámbulo, que “tal y como exigen los reglamentos de Cielo Único Europeo, resulta necesario permitir que otros proveedores de servicios, debidamente certificados por una autoridad europea de supervisión, puedan prestar servicios de control de tránsito aéreo en nuestros aeródromos”, lo que abre la puerta a nuevas contrataciones de personal bajo condiciones diferentes, igual que dispone que, durante el plazo de tres años, “queda suspendido el derecho a obtener la licencia especial retribuida”, por la que se permite dejar de trabajar a los controladores una vez cumplidos 52 años, percibiendo el salario ordinario fijo hasta alcanzar la edad de jubilación.
De la misma forma, se establece que la jornada máxima necesaria es, “incluido el tiempo de descanso durante la jornada y las guardias localizadas y descontando la previsión de 80 horas extras anuales” (aceptadas en el convenio colectivo de controladores), de 1670 horas anuales.
Algunos controladores exponen oscuros intentos de privatización del sector por parte del gobierno, que estarían detrás de la campaña de descrédito a que vienen siendo sometidos. Una campaña de descrédito que se inicia para conseguir reducir sus sueldos millonarios. Los controladores aceptan, en agosto de este año, una reducción drástica de sus sueldos, que sitúa su salario medio en 200.000 euros anuales, a cambio de ampliar su jornada laboral ordinaria, hasta un máximo de 1670 horas. Primera etapa de la celada. En vez de defender su jornada laboral de 1200 horas, acordada por convenio, y que obligaría a la administración a nuevas contrataciones, los controladores optan por minimizar sus pérdidas económicas.
Lo que ha hecho el gobierno ahora, segunda etapa de la celada, es provocar al colectivo, y en período prevacacional; ni permisos sindicales, ni licencias, ni ausencias por incapacidad laboral se tendrán en cuenta a la hora de computar las horas máximas de actividad anual. En realidad, el Real Decreto de 5 de agosto ya dejaba claro que, para el cómputo de horas máximas, no se tendrían en cuenta ni las guardias localizadas (“tiempos de imaginaria fuera del lugar de trabajo”), ni los reconocimientos médicos necesarios para obtener o mantener la licencia de controlador, ni los días destinados a la formación continuada, distinta de la formación práctica de trabajo con simuladores. Se añaden, explícitamente, los días sindicales y los días de baja laboral. Un añadido menor en realidad, que inflama sin embargo los ánimos de un colectivo que ya preparaba otra huelga coercitiva para este mes y que provoca la irresponsable decisión final de los controladores de abandonar sus puestos de trabajo. Una forma de huelga encubierta que, con menor repercusión, ya había tenido lugar en diversas ocasiones, la última este verano, cuando en el Centro de Control de Barcelona se produjeron hasta 28 bajas por estrés y ansiedad.
La reacción del gobierno no se hace esperar y lo que podría haber sido un absoluto caos se convierte en una derrota clamorosa de los controladores y en una muestra de firmeza por parte del ejecutivo, que declara el estado de alerta. La oposición, que desde el verano trataba de seducir a los controladores para iniciar una huelga que sirviese de puntilla a la maltrecha imagen del gobierno, sólo puede protestar ante una medida contundente, y en apariencia justificada, que pone fin a las expectativas de los controladores.
Una maniobra política aplastante, que sería magistral de no tener, como todas las guerras, víctimas colaterales.
Chema Nieto
Enlaces
El Real Decreto 1001/2010, de 5 de Agosto, reza textualmente:
“A efectos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 bis, del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, únicamente se considerará tiempo de trabajo efectivo de los controladores civiles de tránsito aéreo aquél en el que el trabajador se encuentre a disposición del proveedor designado para la prestación de servicios de control de tránsito aéreo y realizando una actividad aeronáutica, así como, la formación práctica de trabajo usando simuladores y las evaluaciones correspondientes, y otros trabajos auxiliares relacionados con su actividad aeronáutica.
Se considerarán tiempos de presencia, no computables a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, ni para el límite máximo de las horas extraordinarias, los tiempos de imaginaria fuera del lugar de trabajo, los reconocimientos médicos necesarios para obtener o mantener la licencia de controlador de tránsito aéreo, la formación continuada distinta de la formación práctica de trabajo prevista en el párrafo anterior u otras similares.”
Por su parte, la disposición adicional segunda del BOE de 3 de diciembre, explicita:
“En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1001/2010” BOE Viernes 3 de Diciembre, 2010."
LEY 9/2010, de 14 de Abril / BOE Jueves 15 de Abril (2010) / BOE Viernes 3 de Diciembre (2010) Título 2, Capítulo I, Artículo 7, punto cuarto / REAL DECRETO 1001/2010, de 5 de agosto (2010) / I Convenio Colectivo Controladores AENA
Imágenes: Blog de Mino / Librered / Noticias-Billetes de avión
Recién llegados y con ganas de más. Empezamos con alguna foto, para abrir boca.
"Roi" Santiago, de Santi&Berta
“Y los jóvenes se animan. Discuten al maestro, al texto, al libro de consulta. Tienen cierto espíritu volteriano que hace bien. Rechazan la magistral imposición, lo que también es bueno. Anhelan saber para creer. Anhelan la verdad por la experiencia, y la manera de hacer sólidos los talentos, firmes las virtudes, enérgicos los caracteres”, José Martí (Folleto Guatemala)
En 1923, un descendiente de nómadas otomanos conocido como Kemal Atatürk, es nombrado presidente de la República de Turquía, un país nacido de las cenizas del descompuesto Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. En aquel año, Atatürk afirma; “Los beneficios perdurables de nuestras victorias dependen exclusivamente de la existencia de un ejército de educación”.
Atatürk declaró la República Turca como estado secular, sin religión oficial; cerró los colegios religiosos; declaró obligatoria la educación primaria; prohibió la exhibición de simbología religiosa en público, incluida la vestimenta de popes, sacerdotes o mulás, salvo en sus propios centros de culto. Atatürk inició una revolución cultural con la intención de generar ciudadanos y de terminar con rencillas atávicas.
Para el universo excitado de principios del siglo XX, la educación tiene connotaciones laicas y universalistas; se trata de acabar con la ignorancia generadora de odio, de combatir los fanatismos religiosos, de terminar con la corrupción y la impunidad, de desarrollar en el hombre un espíritu de libertad, fraternidad y justicia.
La Constitución Española de 1931 introduce los conceptos de Libertad y Justicia en su primera línea. No es casual. El zeitgeist de Occidente y de Oriente Próximo tras la Gran Guerra, radicaliza dos posturas condenadas a coexistir; la iluminación utópica de la educación, con la génesis de un espíritu humano verdaderamente libre, igualitario, fraterno y justo, frente al conservadurismo que encuentra estos valores peligrosamente cercanos al libertinaje, la arbitrariedad y el caos, y aboga por la pervivencia de un orden, divino o humano, ya establecido y fehacientemente probado. Frente al espíritu universalista y fraternal de una ciudadanía por encima de adscripciones religiosas o locales, surgen, también con fuerza, los nacionalismos más radicales y xenófobos, capaces de enardecer a poblaciones enteras con sus símbolos de fuerza y orden, y con sus ansias conquistadoras.
El nacimiento del siglo XXI rubrica la victoria de los nacionalismos y del particular sentido de superioridad que éstos implican. De un lado, con los nacionalismos privativos, los religiosos por ejemplo, que pretenden universalizar el legado atávico de sus propios tabúes y de su propio sentido del orden, o los nacionalismos adscritos a un terruño, a una tribu o a un nombre, de resonancias más o menos míticas o mitificadas, que buscan sus propios espacios de poder en base a grupos cohesionados mediante criterios excluyentes o exclusivos (raciales, legales, históricos, culturales, lingüísticos, territoriales). De otro lado, con los que podríamos denominar nacionalismos democráticos, que ahogan el espíritu universalista de finales del XIX y principios del siglo XX en un egocentrismo político y ético, limitando el propio concepto democrático al buscar una imposición o una expansión de la democracia que se fundamenta en una pretendida supremacía ética o moral.
Cabe señalar una diferencia de grado en el seno de todo nacionalismo, que se dibuja con particular nitidez en el nacionalismo democrático. Mientras que su vertiente más radical es capaz de manifestar explícitamente su sentida superioridad moral, la forma más tamizada de nacionalismo democrático se muestra renuente a reconocer, salvo implícitamente, y en ocasiones hasta inconscientemente, el mismo sentido de supremacía, lo que promueve graves contradicciones y paradojas.
El espíritu del Ciudadano, del Patriota, tal y como eran entendidos estos términos a principios del siglo XX por quienes aspiraban a la universalización de la justicia y de los sentidos de fraternidad y libertad, aparecen hoy desdibujados, menos consistentes en todo caso que los nacionalismos a los que se enfrentan.
Recientemente, diversas fuerzas políticas conservadoras propugnan la prohibición por ley del burka en España, señalando la debilidad de la oposición progresista, que no sabe resolver el conflicto entre la tolerancia a las minorías y el establecimiento de normas de orden moral que establezcan límites al comportamiento individual o social.
El nacionalismo democrático menos radical, que no es en absoluto patrimonio de la aún llamada izquierda política, predispone particularmente a este tipo de inacción cuando se enfrenta a los usos de una minoría, merecedora de protección democrática, que son contrarios sin embargo a la norma mayoritaria. En su forma más radical, el nacionalismo democrático puede resolver sin complejos estos temas de forma expeditiva, basándose en juicios exclusivamente de valor, sustentados en mayorías, reales o supuestas.
La democracia, tras el advenimiento nazi de 1933, parece no encontrar una forma racional de defenderse a sí misma sin caer en graves contradicciones. En todo caso, cualquier sociedad tiene derecho a definirse a sí misma. Los márgenes de protección que establece, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, permiten diferencias normativas, legislativas, de orden social e individual, que no contravienen ni el espíritu ni la norma democrática o su fundamento. Sin embargo, el equilibrio necesario entre la permisividad individual y la reglamentación social no siempre resulta evidente.
¿Deben prohibirse los burkas en España? ¿Y símbolos religiosos como el velo islámico, el niqab, los turbantes o el alzacuellos? ¿Es España un país laico? ¿Es esto relevante?
El laicismo exacerbado de Atatürk pretendía romper ciertos convencionalismos sociales y mediar, con el cambio obligado de indumentaria, una evolución cultural. España vive hoy una doble contradicción, entre su presente laico y su pasado cristiano, y entre un pluralismo social y cultural patente y un miedo latente a la transformación por inoculación de costumbres no prevalentes. El miedo no es exclusivo de la sociedad española pero sí es paradigmático. En España pervive el mito, por ejemplo, de la conquista árabe, finalmente expulsada. Poco importa que decenas de generaciones árabes hayan habitado el mismo terruño durante más de setecientos años, hayan disfrutado, padecido y amado las mismas rocas, los mismos viñedos y el mismo horizonte; siguen siendo considerados –y recordados– como extranjeros.
El cristianismo tiene un peso innegable en la historia y la cultura españolas. La actual ambivalencia entre el presente laico y el catolicismo histórico se resuelve con dificultad, especialmente por la connivencia política, que se muestra incapaz de modificar el trato preferente otorgado a la confesión católica sobre otras, institucional, social y económicamente.
En el contexto descrito, en el que las manifestaciones públicas de elementos católicos, tanto figurativos como instrumentales, son frecuentes y ordinarias, la prohibición de manifestaciones ajenas al catolicismo supondría un retroceso inaceptable al amparo de la democracia. En todo caso, lo que se discute no es la manifestación religiosa en sí sino la vulneración que dicha manifestación puede suponer para la dignidad, individual o colectiva, o para el normal desarrollo de la actividad social.
Por poner un ejemplo radical, el nudismo resulta inaceptable en la sociedad actual, salvo enclaustrado en espacios físicos determinados, por motivos que se esgrimen como estéticos, culturales e incluso higiénicos. La limitación de la libertad individual en una sociedad dada incluye, así, elementos de valor, morales o estéticos, que si bien son discutibles, no contravienen el sentido de libertad social, que implica una responsabilidad para con el otro. Estas limitaciones, discutibles pero dentro de la norma y no contrarias a las convenciones que defienden los derechos inalienables del hombre, definen a la sociedad que las impone. En este contexto, la prohibición de cubrir el rostro en un espacio público, no sería, a priori, más que una limitación como la anteriormente descrita.
La prohibición específica del burka resulta controvertida por suponer una norma contraria a una práctica religiosa determinada –con el agravante añadido de no católica. Existen, sin embargo, ejemplos equivalentes, donde la tolerancia a las prácticas religiosas extrañas a una sociedad dada encuentran el límite de lo que esa sociedad considera tolerable. Por ejemplo, la ablación del clítoris, una práctica que la sociedad española encuentra intolerable, es definida como un abuso no permisible contra un menor. En la prohibición del burka, la sociedad que prohíbe afirma que la mujer que se pone el burka lo hace obligada por una norma injusta, religiosa pero indigna, que degrada a la mujer.
En este caso, el problema se fundamenta en las consideraciones de valor esgrimidas contra una norma religiosa. En el caso de una hipotética ablación voluntaria del clítoris a una mayor de edad, sin merma en sus facultades psíquicas, no cabría prohibición social alguna (entraríamos, eso sí, en un tema más escabroso, al poder discutir, desde la psiquiatría, si la automutilación voluntaria supone o no, per se, un ejemplo de disfunción psíquica). Una sociedad que defiende la dignidad y libertad de la mujer debe aceptar las imposiciones, religiosas o no, que la mujer libremente escoge, igual que defiende su opción a liberarse de las normas, religiosas o no, impuestas por un grupo cualquiera dentro de esa sociedad. Así, se debería salvaguardar, por ejemplo, la libertad de una mujer que escoge someterse a las limitaciones impuestas por la vida monacal (católica), al mismo tiempo que debería salvaguardarse la libertad de esa mujer a liberarse de esas mismas limitaciones, cuando ella lo desee.
La diferencia entre nudismo y burka estriba en el fundamento religioso del segundo y en la necesidad, autoimpuesta en las sociedades democráticas, de proteger las consideraciones de valor particulares de toda creencia o credo. Sólo cuando las costumbres particulares de un credo contravienen las leyes o las normas vigentes, podrán limitarse aquellas. Lo que no tiene justificación, en una democracia, es la creación de leyes ex profeso, que pretendan limitar costumbres foráneas, en base a juicios de valor. Y de ahí la importancia de atenerse a otro tipo de juicios para confrontar costumbres que una sociedad dada considera inaceptables.
¿Cabe limitar el uso del burka en base a consideraciones ajenas a los juicios de valor? Se han esgrimido distintos argumentos, en apariencia válidos, de seguridad o de validación de la identificación personal, por ejemplo. Sería en base a juicios de este tipo que la prohibición del burka, extensible en realidad a toda ocultación completa del rostro en entornos públicos, podría justificarse, sin menoscabo de los posibles valores intrínsecos de la norma religiosa.
Así planteado, no serían necesarias leyes específicas en contra del uso del burka. Desde ciertos puntos de vista, esta aplicación indirecta de la ley contra lo que muchos consideran una prenda impropia para la dignidad de la mujer, constituiría un acto de hipocresía; se prohíbe de facto el burka, pero no se dice, explícitamente, que se prohíbe. Creo firmemente, sin embargo, que las motivaciones, explícitas o implícitas, que promueven la modificación o generación de leyes, impregnan no sólo el espíritu sino la forma y las consecuencias de éstas. La prohibición del burka en base a juicios de valor implica un rechazo a una costumbre religiosa, sin otra justificación que una pretendida superioridad moral de quien prohíbe.
Cabe recordar, en cualquier caso, que la superioridad moral no es sino una consecuencia de la fuerza, política, social o militar, de un grupo dado. Incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos debe entenderse bajo este supuesto; no tendría sentido la génesis de una nueva forma de nacionalismo universal, fundamentado en el sentido de superioridad que emana de esta declaración.
La forma más radical de nacionalismo democrático, aquel que presupone que la democracia es un valor que justifica la agresión al otro “por su propio bien” y que limita el mismo concepto democrático a la simple decisión mayoritaria, confronta costumbres religiosas foráneas en base a juicios de valor. Las formas menos radicales de nacionalismo democrático, se muestran conniventes con la prohibición en tanto en cuanto comprenden y comparten los mismos argumentos morales que hacen indigno el uso del burka.
Por otro lado, la argumentación que trata de confrontar la prohibición del burka esgrimiendo que la ley persigue a la víctima, no hace sino incidir en las mismas consideraciones de valor y en la pretendida, aunque implícita, superioridad moral propia. Las contradicciones del nacionalismo democrático menos radical se hacen aquí patentes, al ver confrontados dos juicios éticos independientemente válidos. De un lado, la indignidad del burka, y de otro, el respeto debido a los credos minoritarios. Sólo huyendo del sentido de superioridad ética o moral podrían buscarse soluciones legales razonables a los problemas generados, precisamente, por consideraciones éticas o morales; soluciones que podrían así alejarse del paternalismo legal que promueven las distintas formas de nacionalismo.
¿Se trata de una trampa? Sin duda. El razonamiento incide en la necesidad de encontrar subterfugios legales no basados en juicios de valor para facilitar la prohibición de una norma religiosa que consideramos éticamente reprobable. La no aceptación de la superioridad ética propia implica, sin embargo, y en defensa de la “trampa”, que, de no encontrar tales subterfugios legales, habremos de aceptar como válida aquella norma que nuestra ética considera indigna. Un sapo difícil, pero instructivo.
El sueño centenario de Kemal Atatürk pervive aún como ilusión utópica; un ejército de educación capaz de liberar al hombre de la tiranía de su ignorancia, de sus tabúes, de sus miedos y de sus animadversiones, y capaz de sentar las bases de una sociedad igualitaria en derecho y responsabilidad, más justa, más fraternal, una sociedad de individuos libres.
Una ilusión, en todo caso. La identificación de nuestras propias tendencias nacionalistas, y entiéndanse éstas en su sentido más peyorativo, como un empequeñecimiento ético fruto de un inapropiado sentido de superioridad, no pueden en ningún caso liberarnos de nuestra propia ética y de los límites que ésta impone a lo que consideramos permisible, dentro y fuera de nuestra sociedad. Sólo el individualismo más radical, la forma más extrema de nacionalismo, sería capaz de no dejarse afectar por actos ajenos fuera del ámbito personal.
Tal vez, después de todo, sí tenga sentido la unión de fuerzas y esfuerzos en defensa de un nacionalismo universalista, fundamentado en éticas y políticas inclusivas, capaces de definir los límites y responsabilidades de la libertad individual, y de llevarlas a la práctica. La tiranía excusable, o en palabras de Pirandello, la tiranía disfrazada de libertad.
O tal vez sea necesario releer a Stirner.
Chema Nieto
Soto de Dego, 2010
Descargar Artículo "El Burka y los Nacionalismos" (PDF)
Lecturas recomendadas:
Declaración Universal de Derechos Humanos
Resumen explicativo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Ley Española de Amnistía, de 1977, dispone explícitamente la impunidad de todos los delitos anteriores a diciembre del 76 relacionados con “actos de intencionalidad política” (1), una definición genérica que impone un velo legal sobre la totalidad del período franquista.
Esta ley del olvido entra en franca contradicción con la norma internacional que establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Carta de Naciones Unidas, Convenios y Protocolos de Ginebra, Convención de Naciones Unidas, Convención Europea). Pero, ¿queda hoy alguien a quien juzgar por aquellos crímenes? Primero, sin investigación no hay respuesta. ¿Acaso hubo ejecuciones, desaparecidos? Segundo, el período de olvido legal no abarca exclusivamente el período de Guerra Civil (1936-39) sino que engloba todos los posibles delitos de la dictadura franquista hasta finales de 1976. Así pues, la respuesta es afirmativa; sí, cabe la posibilidad de imputar a personas vivas por delitos de lesa humanidad en la investigación abierta por Garzón.
El proceso abierto contra Garzón en 2009 por la Sala Penal del Tribunal Supremo español aduce prevaricación al no haber tenido en cuenta (el juez Garzón) la Ley española de Amnistía del 77. Garzón aduce, siguiendo la norma internacional, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles ¿Cabe que, jueces españoles, se avengan al Derecho Internacional para abrir procesos que contravienen leyes locales? Esta es la cuestión legal central en el proceso abierto contra Garzón.
En 2009 Israel consiguió detener al juez Fernando Andreu cuando intentaba aplicar el Derecho Internacional para juzgar una masacre israelí en Gaza ocurrida en 2002 (2). El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional sucumbe a las presiones de Israel y estima el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de investigar de Andreu. Ese mismo año, el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba por mayoría absoluta el proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, en la que se incluyen limitaciones a las competencias de España para perseguir delitos internacionales. A partir de esta reforma, la Justicia española sólo podrá actuar en caso de existir víctimas españolas, algún vínculo con España, o bien los presuntos responsables se encuentren en territorio español. Estas limitaciones no contravienen, en cualquier caso, las investigaciones abiertas por Garzón.
Irónicamente, tribunales federales de Comodoro Py (Argentina) evalúan la denuncia presentada en abril de 2010 por los asesinatos cometidos en España de Elías García Holgado, alcalde y diputado provincial en Salamanca fusilado en 1937, y Severino Rivas, alcalde de Castro Rei, Lugo, fusilado en 1936. Además de estos homicidios, la denuncia pretende que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue crímenes de “genocidio y/o delitos de lesa humanidad” y “delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros” cometidos en España durante el régimen franquista (3).
Garzón, que investigó los crímenes de la dictadura argentina, está sentado hoy en el banquillo por tratar de investigar los crímenes de la dictadura española. Un éxito, sin duda, de la boyante ultraderecha hispana y una muestra más de la incapacidad endémica que sufrimos en España de mirar racionalmente a nuestro pasado común.
Chema Nieto
PS La felicidad sólo vendrá por el gobierno de "un buen monarca absoluto", rezaba Pirandello, y no por la democracia, "causa de todos nuestros males". Ay, qué naturales resultan los esquizofrénicos velos del olvido ante la imponente responsabilidad de la Libertad.
Notas: (1) Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía [noticias jurídicas] / (2) El País / (3) Página/12 / (4) El Difunto Matías Pascal, Luigi Pirandello
Imágenes: Proyecto Matriz (Juez Garzón)
Otras: Justicia Internacional
Carta del Juez Garzón a José María Aznar (2008) [Carta completa en Proyecto Matriz]
Le escribo estas notas de urgencia con la ansiedad de quien se hace múltiples preguntas y apenas encuentra respuestas, y casi con la certeza de que difícilmente se pueda conseguir alguna fórmula que haga reflexionar a quienes (como usted) dirigen esta locura, con una sordera tan desconcertante como peligrosa, que nos conduce hacia una deriva y un desequilibro emocional y psíquico del que la generalidad de los españoles saldremos con dificultad. (...)
Señor presidente, evitar esta guerra en ciernes es misión de todos, y debe darse cuenta de que millones de ciudadanos ya hemos comenzado a dar forma a la “Revolución por la Paz” y hemos ganado frente a usted y sus “compañeros de aventura” la “moción de censura” que les obliga a abandonar su postura, a dar más tiempo a los inspectores y a cumplir la legalidad internacional y, a su vez, les niega el derecho de instar una nueva resolución que dé vía libre a la guerra.
Señor presidente, con respeto pero con enorme firmeza, le digo que usted no puede ni debe ir de la mano de quien está haciendo gala con su política de la consumación de la doctrina de “los espacios sin derecho”; ni de la mano de quien se ha desvinculado de la Corte Penal Internacional; ni unido a quien, de hecho, está construyendo espacios de impunidad que perjudican a la comunidad internacional: ¿acaso usted tampoco cree en la justicia internacional?
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